Articulo sacado de la pagina del Universal
José Antonio Caballero
Acteal y la enseñanza del derecho
13 de agosto de 2009
Hace algunos años el gobernador del estado de Illinois en Estados Unidos decidió decretar una moratoria por tiempo indefinido de la pena de muerte en aquel estado. La decisión tiene su origen en el trabajo de un grupo de estudiantes de la Universidad de Northwestern. Los estudiantes demostraron que un sentenciado a la pena de muerte era inocente. El hallazgo generó tal conmoción en la opinión pública, que obligó a adoptar tan extraordinaria medida. Casos como éste tienen muchos paralelos en escuelas de Derecho de todo el mundo. Hay muchas escuelas que apuestan por modelos de educación en los que sus alumnos combinan el aprendizaje del Derecho con el servicio a la comunidad.
El modelo de educación clínica en el área del Derecho es relativamente novedoso. Sus orígenes se encuentran en movimientos orientados a fortalecer el acceso a la justicia y a mejorar la enseñanza del Derecho. Los modelos originales se centraron en la provisión de servicios jurídicos a la población en general. Los estudiantes establecen contacto con personas que requieren asistencia jurídica y, con la ayuda de profesores, proporcionan asesorías o participan en litigios. Con el paso del tiempo las universidades diversificaron la oferta de servicios de sus clínicas. En la actualidad es posible encontrar proyectos orientados a la defensa de derechos laborales, familiares o penales. También hay clínicas que protegen derechos humanos o derechos ambientales.
La Clínica de Interés Público del CIDE también opera en el interior de una escuela de Derecho. Los integrantes de la clínica son estudiantes del CIDE, de la UNAM y de la Universidad del Valle de México, que trabajan bajo la supervisión del director de la clínica, el profesor Javier Cruz Angulo. A diferencia de otros proyectos, la clínica del CIDE no se enfoca en la atención de necesidades jurídicas en lo general. La decisión sobre los asuntos que se llevan en la clínica es producto de una reflexión sobre el impacto que el asunto en lo particular puede tener para la construcción de un mejor derecho para nuestra sociedad.
En ese sentido, nos interesan asuntos en los que se puedan generar precedentes que no sólo impacten a las personas directamente afectadas, sino que tengan potencial para beneficiar a una gran parte de la población. Por lo general este tipo de asuntos no recibe atención por parte de los abogados postulantes. Son asuntos que implican gastos y problemas y no suelen traer consigo recompensas económicas.
Sin embargo, son asuntos que potencialmente pueden generar grandes beneficios para nuestra sociedad. Esos son los asuntos que nos interesan. Bajo esa tesitura, la clínica ha sido particularmente exitosa. Hemos defendido cuestiones relacionadas con la equidad de género y con los derechos de los menores infractores. Actualmente litigamos cuestiones sobre derecho a la salud y acceso a la información pública. Hemos contribuido a generar criterios tanto de la Suprema Corte de Justicia como de los tribunales colegiados de circuito.
El caso de los procesados por los terribles acontecimientos ocurridos en Acteal en 1997 se tomó porque entendimos que se trataba de un asunto en el que se ponen de relieve un alto número de irregularidades y violaciones de derechos. La hipótesis central de nuestro caso es que las afectaciones sufridas por los indígenas que defendemos no son excepcionales. Por el contrario, son muy frecuentes en los procesos penales que se desarrollan en nuestro país. La defensa exitosa de los acusados por la masacre de Acteal puede generar precedentes útiles para transformar el proceso penal en México. Ello no sólo beneficia a nuestros defendidos, beneficia a toda persona sujeta a un proceso penal.
De igual manera, la defensa pretende mostrar cómo el proceso penal, tal y como se desarrolla actualmente en México, constituye el peor de los mundos. El peor, porque los resultados no satisfacen ni a las víctimas ni a los acusados. Las primeras prácticamente pasan inadvertidas, ignoradas. Con los segundos, el sistema se ensaña. No importa si son culpables o inocentes, una vez que ingresan a la maquinaria de la justicia penal, el propósito parece ser triturarlos.
Desde luego que hay muchos otros casos de injusticias —el de Jacinta es claramente uno de ellos—, pero también sabemos que hay otras organizaciones comprometidas con su defensa. Nuestra solidaridad con ellos. En el caso de la clínica del CIDE, nuestra capacidad es limitada. No así el entusiasmo de alumnos y profesores y nuestra convicción de que lo que sí podemos aportar es nuestro mejor esfuerzo para, a través del Derecho, contribuir a mejorar a nuestra sociedad.
